Foto: Bol Noticias

English Version Available

Por Andrés Serbin* y Andrei Serbin Pont**

La decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en septiembre de este año de denegar el derecho a la ciudadanía a los descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano ha dado lugar a una serie de repercusiones que afectan tanto los derechos humanos de un conjunto de ciudadanos como las relaciones entre Haíti y RD, entre la CARICOM y este último país y, eventualmente entre el Caribe no hispánico y América Latina en el marco de los nuevos regionalismos en curso, amén de abrir la posibilidad de una escalada de violencia que lleve a la perpetración de atrocidades masivas.

Breves antecedentes.

Los conflictos entre Haití y República Dominicana son de larga data, y el análisis de su historia nos otorga los elementos necesarios para comprender la gravedad de las medidas tomadas por el gobierno Dominicano recientemente.

En 1822, un año después de la independencia de Haití y bajo el mando de Jean Pierre Boyer, se inicia la invasión de la parte oeste de la isla que hoy estos dos países comparten. Los dominicanos (quienes ya se reconocían a sí mismos como tales), no opusieron resistencia, probablemente ante el miedo que las previas ocupaciones haitianas habían infundido. De esa manera se inició una brutal dictadura que duro hasta 1844, cuando un grupo de dominicanos con el apoyo de un grupo haitiano se alzaron para derrocar a Boyer.

Las siguientes décadas fueron marcadas por las crisis económicas y por la invasión de EEUU a República Dominicana, hasta la llegada de Trujillo al gobierno, quien con el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su Partido Dominicano se aseguró el poder.  En 1937 Trujillo ordenó la masacre de casi 35,000 haitianos bajo la excusa de que estos conspiraban contra él y de su política de «dominicanización de la frontera». El fin de Trujillo llego en 1961 con su asesinato, que fue seguido de la segunda ocupación estadounidense en 1965, con respaldo de la OEA.

Las ocupaciones haitianas, y la masacre de 1937, son solo algunos de los puntos más oscuros de la historia entre estos dos países. Lo preocupante es que hoy, adentrados en pleno siglo XXI y bajo la mirada de la comunidad internacional, parece iniciarse un nuevo capítulo trágico entre los países que comparten la isla de Santo Domingo.

El desencadenante y sus secuelas.

Recientemente un fallo judicial (TC 0168/2013) del Tribunal Constitucional de la República Dominicana decidió que los hijos de inmigrantes extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929 no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Esta medida abarca a más de 200.000 hijos de haitianos que viven en República Dominicana, y que de esta manera han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, violando su derecho a la personalidad jurídica, y sometiéndolos  a una condición de extrema vulnerabilidad en el país. Esta situación afecta principalmente a las personas de ascendencia haitiana, quienes son frecuentemente identificados por ser  afro-descendientes, con rasgos más marcados que otros ciudadanos de República Dominicana. Debe recordarse que durante muchos años las cédulas de identidad de los dominicanos incluían su pertenecía étnica y, en general, los ciudadanos dominicanos se identificaban como “indios” para diferenciarse de los haitianos. Esta situación y la decisión del Tribunal , de marcado sesgo racista, constituyen claramente  una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Sin embargo, a finales de noviembre el Presidente Dominicano Medina emitió el decreto 327-13 que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular según el cual los extranjeros radicados irregularmente(según lo establecido en la Sentencia TC/0168/13 y la Ley General de Migración 285-04) y que en el tiempo de duración previsto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros no califiquen o no se acojan a las previsiones de regularización establecidas quedarán sujetos a la deportación. En un escenario complejo y lleno de indicadores preocupantes,  las acciones del gobierno y de ciertos sectores políticos dominicanos avalan y promueven la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana.

A raíz de estos hechos, el 6 de diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó, por invitación del gobierno dominicano, una visita in loco a República Dominicana con el objetivo de observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otros derechos y problemáticas relacionadas, y publicó un informe con las observaciones preliminares sobre la situación que se vive en el país caribeño. En su informe, la CIDH destacó que las siguientes medidas deben ser adoptadas para tratar con la grave problemática que afecta a este país y a sus ciudadanos:

1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010. 

2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

A su vez, la Comisión afirmo que “ . . . toda persona tiene el derecho de contar con la protección y las garantías judiciales, en forma accesible y eficaz, para salvaguardar los derechos a la nacionalidad, identidad, igualdad y no discriminación, que forman el enfoque principal de la presente visita.”

Adicionalmente, la CIDH también mostró su preocupación por las expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas y funcionarios de alto nivel que han criticado dicha sentencia, a quienes se les ha calificado como “traidores a la patria”, motivo por el cual la CIDH ha hecho un llamado a las autoridades para la construcción de un clima de tolerancia y respeto, con el fin de que las personas pueden expresar sus pensamientos libremente.

No obstante, el día 10 de diciembre, el senador dominicano Adriano Sánchez Roa presentó una resolución ante el senado pidiendo que se condene el informe presentado por la CIDH al sostener que la misma carece de criterios de imparcialidad e implica una injerencia  en los asuntos internos dominicanos. A su vez niega las alegaciones de la CIDH de que en el país se estén llevando a cabo graves violaciones a los derechos humanos.

Las secuelas.

Más allá de que la situación que se desarrolla en la República Dominicana pone en evidencia un clima de exacerbación nacionalista con claras connotaciones racistas y de que abre el camino a una persistencia en la violación de los derechos humanos de un conjunto de ciudadanos dominicanos, tanto de origen haitiano como de otras procedencias, y a la posibilidad del desencadenamiento de una escalada de violencia que pueda llevar a la comisión de atrocidades masivas, tiene además claras repercusiones a nivel internacional.

En primer lugar, en tanto República Dominicana y Haití son beneficiarios del programa de asistencia Petrocaribe, el 21 de noviembre el gobierno de Venezuela concertó un encuentro entre representantes de estos dos países dónde se llegó a un acuerdo para iniciar un diálogo entre ambos países, apuntando a distender una situación que comenzaba a tener efectos regionales, particularmente en el marco del Caribe pero asimismo con efectos más amplios a nivel latinoamericano y hemisférico. Sin embargo, Haití rompió este acuerdo al solicitar a la Comunidad del Caribe (CARICOM) la condena de los hechos acaecidos en RD y la interrupción del proceso de negociaciones que llevaría a la incorporación de este país a la CARICOM, a la par de que el 28 de noviembre RD decidía poner fin, a raíz de esta iniciativa de  Haití, a las negociaciones. En el marco de la CARICOM, la primera reacción se produjo con la condena de RD por parte de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) que agrupa a las islas más pequeñas de esta región en el seno de la CARICOM. A continuación y bajo la presión de la condena de la OECO y de las demandas de una serie de organizaciones y movimientos sociales del Caribe anglófono, la CARICOM condenó el 26 de noviembre la “aberrante y discriminatoria” decisión del Tribunal Constitucional de RD y en este marcó señaló que revisaría el pedido de incorporación de RD a este organismo y sus relaciones con este país en el marco de otros foros internacionales como el CARIFORUM, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA) y solicitaría una resolución condenatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La petición de las organizaciones no-gubernamentales del Caribe no-hispánico a la CARICOM va más allá y demanda la suspensión de la RD de Petrocaribe.

En el marco de este cuadro, el poco conocimiento mutuo entre el Caribe no-hispánico y la República Dominicana, hace difícil que ambas partes puedan avanzar en un diálogo que no afecte el proceso integracionista en la región. Más allá de las diferentes percepciones etnohistóricas de los países miembros de la CARICOM, con su fuerte énfasis en sus raíces africanas y con una sensibilidad altamente desarrollada frente a cualquier expresión de discriminación o xenofobia de carácter racial, especialmente si es dirigida contra afro-descendientes, y las de la República Dominicana, dónde las difíciles relaciones históricas con Haití han dado pie a una percepción etnohistórica negativa de los haitianos vistos como afro-descendientes diferenciados de la población dominicana, frecuentemente promovidas por medios de comunicación y organizaciones no-gubernamentales que ejercen presión sobre el gobierno,  la tradicional separación histórica, lingüística, étnica y cultural entre el Caribe no-hispánico y el Caribe de habla española, con evidentes repercusiones sobre el resto de América Latina, contribuye a que la situación desencadenada por el Tribunal Constitucional de RD cree serias dificultades para una superación del conflicto sin graves consecuencias para los incipientes procesos de integración regional que hacen converger a ambos bloques en diversos organismos regionales y hemisféricos.

Sin embargo, más grave aún es la posibilidad de que esta decisión arrastre a situaciones que vayan más allá de las violaciones a los derechos humanos y lleve a una escalada que puede culminar en la perpetración de atrocidades masivas.

* Presidente de CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales)

** Coordinador de Investigaciones de CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales)