Venezuela se encuentra inmersa en una profunda y prolongada crisis en la cual confluyen una serie de factores económicos, sociales, y políticos. En respuesta a esto, el accionar del gobierno venezolano se ha enfocado en la reducción de los espacios democráticos, la represión de la protesta social, la persecución de la disidencia política, la militarización de la problemática alimentaria y sanitaria, y la externalización de la crisis.

La situación actual es resultado de un proceso sostenido. Se origina en la políticas del chavismo de las últimas dos décadas y se combina con el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro, la caída del precio del petróleo y de la producción petrolera venezolana, cambios en el mapa ideológico regional y la consecuente corrosión de la red de sustento internacional concebida y construida por Hugo Chávez, que ha agudizado el impacto de la crisis no solo a nivel doméstico, sino también a nivel hemisférico.

En este contexto es de fundamental importancia analizar tres diferentes dimensiones de esta crisis para comprender su impacto internacional y el desafío con el que se enfrentan los gobiernos de la Región y las organizaciones multilaterales.

La segunda dimensión es la referente a la defensa y seguridad, en la que la falta de capacidades del Estado venezolano, la corrupción de sus instituciones, la penetración de grupos paraestatales y la posibilidad de una escalada de conflictividad liderada por el gobierno de Maduro, contribuyen a un aumento de la inestabilidad de la Región, especialmente, en los países vecinos a Venezuela, en la medida en que este país se convierte en una suerte de hub de actividades ilícitas, así como una potencial fuente para el resurgimiento de la conflictividad interestatal en el marco de una posible intención del gobierno venezolano de «malvinizar» la crisis. También existe el riesgo de catalogar la situación venezolana solo en términos militares, lo que derivaría en una securitización y militarización de la crisis, lo que acarrearía , a su vez, un impacto negativo sobre la población venezolana.

La tercera dimensión es la multilateral, en la que la baja institucionalidad de diversos organismos hemisféricos, regionales y subregionales limita la capacidad de los países de la Región de presionar efectivamente al gobierno venezolano para que cumpla con sus compromisos en materia de democracia y derechos humanos.

Existe un riesgo real de que se continúen corroyendo las capacidades internacionales de protección de la democracia, los derechos humanos y la resolución de conflictos a medida que la crisis en Venezuela se profundice y los organismos internacionales se vuelvan incapaces de proveer algún tipo de solución, lo que a su vez contribuye a la deslegitimación de estas organizaciones (como ejemplifica UNASUR).

Las iniciativas ad hoc, como el Grupo de Lima, pueden paliar en parte este efecto negativo, pero deben apuntar no solo a presionar al gobierno venezolano, sino también contribuir al fortalecimiento institucional de organizaciones internacionales y a apoyar a los países de la Región para que cumplan con sus responsabilidades, incluyendo aquellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables.

Estas tres dimensiones permiten apreciar que la crisis venezolana tiene impactos que van más allá de los efectos directos e inmediatos, y que pueden afectar a toda la Región en el mediano y largo plazo, a medida que se reconsideran políticas migratorias, se fortalecen ópticas securitizadoras de las problemáticas internacionales, se reactivan hipótesis de conflicto interestatales y se reduce la capacidad de las organizaciones hemisféricas, regionales y subregionales de desactivar el escalamiento de situaciones de conflictividad y de contribuir efectivamente a la resolución pacífica de conflictos.

La crisis venezolana no tiene fin a la vista. Por esto se vuelve de crucial importancia que la comunidad internacional, y sobre todo los países de América Latina y el Caribe, coordinen sus acciones de forma efectiva, no solo para ayudar a la población venezolana, sino también para asegurar que el impacto de la crisis no debilite instancias internacionales necesarias para la futura resolución de conflictos regionales, ni haga resurgir la amenaza de conflictos interestatales.

También para que se resguarden los derechos de grandes poblaciones vulnerables que hoy se desplazan a través de la Región. De lo contrario, la combinación de estas tres dimensiones puede encaminar a la Región hacia un futuro preocupante, en el cual la ausencia de liderazgos claros, la debilidad institucional de organizaciones multilaterales deslegitimadas y crecientes tendencias securitizadoras, ralentan la capacidad de reacción no solo ante desafíos como Venezuela, sino también en el marco más amplio de un mundo que cambia a pasos agigantados y donde se generan más dudas que certidumbres sobre el futuro que se aproxima.