Andrei Serbin Pont – Un paso atrás: La denuncia de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos
Un paso atrás: La denuncia de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos*
Andrei Serbin Pont**
El 10 de septiembre de 2012, Venezuela presentó formalmente su denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos en concordancia con el Articulo 78(1) de la Convención. La denuncia tomo un año en entrar en vigencia, año en el cual el conflicto entre el gobierno Bolivariano y la CIDH continuo creciendo, fiel reflejo de los retrocesos en temas de derechos humanos en Venezuela.
Los primeros años del gobierno de Hugo Chávez fueron marcados por una retórica discursiva en favor de los derechos humanos, resaltándose los artículos 19, 22 y 23 de la Constitución de 1999 que le dan jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos firmados por Venezuela. Pero el rechazo del gobierno Bolivariano a cualquier institución internacional que no responda a sus objetivos ideológicos es una tendencia marcada desde sus primeras etapas. Con la excepción de tratados más recientes desarrollados en el marco del ALBA(Alianza Bolivariana Para Los Pueblos de Nuestra América), UNASUR(Unión de Naciones Suramericanas) y CELAC(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el gobierno Bolivariano ha dejado la CAN(Comunidad Andina de Naciones), el Grupo de los Tres y el CIADI(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), así como ha cuestionado de forma constante la OEA(Organización de Estados Americanos), la Cumbre de las Américas, y cualquier tratado o mecanismo que interpreta responde a los intereses de los EEUU en la región latinoamericana. Esto es parte de una estrategia que prioriza la soberanía nacional y los objetivos geopolíticos por encima de las normas supranacionales. Una política externa en la cual la interpretación geoestratégica y militar de la dinámica internacional no deja espacio para tratados y pactos que pueden ser percibidos como contrarios a los propósitos y objetivos del Chavismo.
Desde el 2002 el gobierno Venezolano se ha reusado a recibir visitas in loco de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2003 la CIDH presento un informe basado en su última visita a Venezuela en la que señaló una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, y en el 2009 la CIDH publicó otro informe donde destacaba el incremento de esos abusos y violaciones, afirmando que el gobierno venezolano estaba restringiendo los derechos democráticos y como también había restringido los derechos humanos según lo establecido en la Convención Americana. Como respuesta, el gobierno Venezolano amenazó con retirarse de la Convención.
La escalada del conflicto entre Venezuela y la CIDH continúo con el pedido del gobierno Bolivariano de la remoción de Santiago Cantón como Secretario Ejecutivo de la CIDH. En el 2012, Santiago Cantón fue remplazado por Emilio Álvarez Icaza, pero aun así, 3 meses después de que asumiera el cargo, el gobierno Bolivariano nuevamente amenazó con retirarse de la CIDH. Chávez continuo con sus amenazas durante los siguientes meses, en especial después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a favor de Díaz Peña dictaminando que “El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y por los tratos inhumanos y degradantes contrarios al artículo 5.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 135 a 141 de la presente Sentencia.”
Más recientemente, en marzo de 2013, Venezuela con el apoyo de varios miembros del ALBA, reiteró su ataque al Sistema Interamericano de Derechos Humanos durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en Washington DC al presentar una propuesta para limitar el financiamiento externo de la comisión con el objetivo de debilitar al SIDH. Aunque la propuesta no fue aceptada, sí permitió la apertura al debate sobre la reforma del sistema y su futura revisión.
¿Ha quedado Venezuela fuera del alcance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De hecho no es así. La denuncia implica que Venezuela ha dejado la Corte, pero se mantiene bajo el mandato de la Comisión mientras sea parte de la OEA. A su vez, cualquier pedido que la Comisión reciba después del 10 de septiembre de 2013 sobre supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridos antes de esa fecha serán procesados en base a la responsabilidad del Estado ante la Convención Americana y será sometida a consideración por la Corte Interamericana. Esto se implica que los venezolanos continuarán bajo la jurisdicción de la Comisión, así como de mecanismos presentes en el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. Y por ahora, no hay nada que señale una intención de Venezuela de abandonar la OEA.
La denuncia de la Comisión es un fuerte retroceso para el SIDH, y establece un peligroso antecedente para los derechos humanos en la región dado que Ecuador y Bolivia han amenazado con seguir los pasos de Venezuela y denunciar la Convención Americana. La denuncia de la CIDH no solo implica un debilitamiento de los derechos humanos en Venezuela, sino también un paso atrás en el desarrollo de un mecanismo efectivo para el resguardo de los derechos humanos en la región.
*Basado en el artículo escrito por Andrés Serbin y Andrei Serbin Pont “Si los derechos humanos se oponen . . .” publicado en Foreign Affairs Latinoamerica, Vol 13: Num 4.
* Andrei Serbin Pont es Coordinador de Comunicaciones de CRIES y Oficial Regional de Enlace para el programa de prevención de conflictos CRIES/GPPAC. Es licenciado en humanidades con orientación en políticas públicas de la Universidad Nacional San Martín(UNSAM), egresado de la Escuela de Defensa Nacional(EDENA Argentina) y en la actualidad está realizado sus estudios de posgrado en relaciones internacional en el programa San Tiago Dantas en Brasil(UNESP, PUC-SP, UNICAMP)