Andrés Serbin*

Chávez y la reconfiguración de América Latina y el Caribe.

En los últimos quince años, Venezuela ha vivido una transformación sin precedentes, con importantes repercusiones regionales que han contribuido a la reconfiguración política de América Latina y el Caribe. Hugo Chávez Frías fue uno de los principales artífices de esta transformación, y Venezuela, gracias a Chávez, tuvo un papel destacado en esa reconfiguración. Sin embargo, Chávez ya no está y Venezuela atraviesa por una de sus peores crisis.

El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías encabezó un frustrado golpe militar contra el gobierno democrático del presidente Carlos Andrés Pérez.  Sin embargo, luego de ser encarcelado y más tarde amnistiado por el presidente Rafael Caldera, Chávez se incorporó a la campaña electoral de 1998 y obtuvo una contundente victoria con un amplio respaldo popular. La elección de Chávez a la presidencia, sus sucesivas re-elecciones posteriores, su muerte en marzo de 2013 y la elección de Nicolás Maduro como su sucesor en unas reñidas elecciones en abril del mismo año, generaron una serie de cambios significativos en Venezuela.  En 1999, fue aprobada una nueva Constitución que dio lugar al desarrollo de una serie de procesos de cambio institucional, político y social. Junto con el impulso dado a una serie de programas sociales – las famosas Misiones – , Chávez promovió una creciente concentración del poder en el ejecutivo y un progresivo y sostenido control gubernamental de los nuevos mecanismos institucionales establecidos por la Constitución. Un frustrado golpe en su contra en abril de 2002 no frenó este proceso sino que lo profundizó, volcándolo progresivamente a su radicalización, a través de la convocatoria de sucesivos referéndums que, con una sola excepción, fueron ganados por el gobierno.  En el marco de una creciente polarización política – basada en la existencia previa de una polarización social entre los sectores medios, por un lado, y un amplio sector de la población marginado y sumido en la economía informal, por otro – , y sin el apoyo inicial de una estructura partidaria, Chávez recurrió crecientemente a las fuerzas armadas para gobernar  y  para impulsar su proyecto político, a través de su reorganización con la aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFAN), incorporándolas activamente a la política y a la administración pública y creando y expandiendo un milicia armada que respondía directamente al Presidente. Esta reorganización introdujo asimismo una nueva doctrina de seguridad basada en la hipótesis de una guerra asimétrica con los Estados Unidos (con la posible colaboración de Colombia), caracterizados como el principal enemigo externo del proceso de cambio en Venezuela y de la unidad latinoamericana, aspiración máxima del líder bolivariano. De hecho, estas iniciativas convirtieron a las fuerzas armadas en un actor político decisivo y dieron lugar a una creciente militarización del gobierno y el involucramiento de altos oficiales en diversos negocios y empresas.

El proyecto político de Chávez, – con un fuerte acento militar y geopolítico –  empezó a cobrar forma luego de la aprobación del Plan Estratégico Nacional de 2007, con la promoción del “socialismo del siglo XXI”, la creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y un creciente protagonismo internacional orientado a la creación de una Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, claramente antagónico a los Estados Unidos. Este proceso fue apuntalado por el creciente control gubernamental de la industria petrolera a través  de Petróleos de Venezuela (PDV) y la abundancia de recursos provenientes de este sector, en tanto el precio internacional del petróleo se incrementaba sostenidamente hasta alcanzar, quince años después, un aumento del 363% en comparación con 1998. El recurrente uso de los ingresos provenientes de la explotación de los hidrocarburos posibilitó el desarrollo de una “diplomacia petrolera” que, aunada a su fuerte carisma y a su creciente visibilidad mediática, proyectó la figura de Chávez a nivel regional e internacional.  Por un lado,  particularmente después del intento de derrocarlo en 2002, Chávez inició un estrecho acercamiento con Cuba –proveyendo a este país de 98.000 barriles de petróleo diarios en condiciones altamente ventajosas  y atrayendo a Venezuela a un importante número de trabajadores y profesionales cubanos, reforzado por la creación de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA)-Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) – y una creciente vinculación con los gobiernos y los movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe (esto último en el marco de una “diplomacia paralela” dirigida específicamente a las organizaciones de izquierda  de la región) y, por otro, impulsó un programa de asistencia petrolera a los países vecinos que cristalizó en la creación de Petrocaribe y en intercambios comerciales y alianzas políticas dentro y fuera de la región. Junto al cuestionamiento a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovido por los Estados Unidos y finalmente cancelado en la Cumbre de Mar del Plata en 2005 por el rechazo de Argentina, Brasil y Venezuela, y de un conjunto de movimientos sociales del hemisferio, Chávez promovió la creación de una Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe en una coyuntura regional propicia, en cuyo marco, desde la década del noventa, Brasil estaba impulsando le Comunidad Sudamericana de Naciones. En este contexto, el ALBA se convirtió en la Alianza Bolivariana de los Pueblos, concebida ahora como “núcleo duro” del movimiento de integración regional; la Venezuela bolivariana abandonó la Comunidad Andina de Naciones y el Grupo de los Tres y solicitó su ingreso al Mercosur, y Chávez se convirtió en uno de los principales promotores de la creación de la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR)  y posteriormente de  la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). Más allá del rol protagónico de Brasil en el primer caso, y de Brasil y de México en el segundo, Chávez  fue uno de los artífices destacados de estos procesos que dieron lugar a un nuevo regionalismo latinoamericano y caribeño, post-neoliberal según algunos analistas y post-hegemónico según otros, en tanto el Estado, la política, las políticas sociales y el desarrollo pasaron a un primer plano de la agenda regional, y los nuevos organismos excluyeron, sin excepción, a los Estados Unidos y Canadá, marcando una clara diferenciación con la OEA.

En la primer década de este siglo, el complejo entramado de organismos regionales y subregionales  y de procesos subsecuentes que contribuyeron a reconfigurar el mapa político de América Latina y el Caribe tuvieron, sin duda, a Chávez y a la diplomacia petrolera venezolana, como protagonistas estelares. Sin embargo, las aspiraciones políticas de Chávez no se correspondieron con el legado que dejó.

Contradicciones y complicidades de un legado complejo.

Después de obtener una nueva victoria en las elecciones presidenciales de diciembre de 2012, la muerte de Chávez en marzo de 2013 dio lugar a una nueva elección presidencial en abril del mismo año. La elección fue ganada por un limitado margen por su sucesor designado – el sindicalista y exministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro, con respaldo cubano. La oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) cuestionó esta victoria electoral, alegando que hubo fraude, pero sus reclamos fueron ignorados por los organismos electorales controlados por el gobierno. La comunidad internacional, por su parte, y en particular, organizaciones regionales como la OEA y la UNASUR ignoraron asimismo estos reclamos y reconocieron la victoria de Maduro.

La expectativa de la oposición de convertir las elecciones municipales de diciembre de 2013 en un “plebiscito encubierto” en contra del gobierno de Maduro no funcionó. Si bien ambos bloques – el gubernamental y sus aliados, y la coalición de la oposición, perdieron votos en comparación con las elecciones presidenciales de abril, el MUD no superó los votos oficialistas aunque avanzó en las principales áreas urbanas, incluyendo la ciudad de Barinas – cuna de Chávez – considerada un bastión chavista, mientras que el PSUV mantuvo su primacía en las áreas rurales. En el marco de la campaña para las elecciones municipales, el gobierno utilizó abundantemente la imagen de Chávez para promover a sus candidatos. No obstante, el legado de Chávez dejó otras secuelas aparte de su referencia emblemática.

El uso indiscriminado y descontrolado de los recursos petroleros, particularmente  desde que el gobierno de Chávez logró el control total de PDV luego de la huelga petrolera de 2003-2004, se combinó con una deficiente gestión de la industria, con efectos sobre los logros y programas sociales, sobre la vida cotidiana del venezolano y sobre la capacidad del país de seguir cumpliendo con sus compromisos internacionales. De acuerdo a un informe del Banco Central  de finales de noviembre de 2013, Venezuela ha exportado 1.079 US$ millones menos que en años anteriores. En este sentido, la disminución en las exportaciones petroleras puede atribuirse a una reducción del  32,5% de las exportaciones del sector público junto a una progresiva contracción del sector privado de la economía. Mientras que la producción petrolera de la OPEP aumentó 27% en los últimos quince años, y la producción mundial un 19%, la de Venezuela se redujo en un 18% entre 1997 y 2012. La falta de inversiones, la carencia de una gestión eficiente y la ausencia de mantenimiento, entre otros factores, contribuyeron a que en la actualidad Venezuela produzca dos tercios de su capacidad efectiva. Pese a seguir siendo un proveedor  de Estados Unidos y de haberse convertido en un importante socio petrolero de China (vendiendo petróleo a futuro a cambio de un creciente endeudamiento), la economía venezolana registró en 2013 una drástica desaceleración, con un crecimiento económico que apenas superó el 1%, con una tasa de inflación de 56,2% (la más alta del mundo) y un déficit fiscal que llega al 15% del PIB. Como resultado, al gobierno le faltaaron 45.000 millones de dólares para cubrir el gasto público. En este marco, más allá de la inflación, Venezuela está encaminada hacia una recesión a medida  que los estrictos controles de precios impuestos por el gobierno de Maduro y la escasez de importaciones (Venezuela importa el 80% de sus alimentos), ante la ausencia de moneda dura, van paralizando la actividad económica.  Por otra parte la estatización y expropiación de empresas y de haciendas, sin una efectiva gestión de las mismas, junto con la persistente devaluación de la moneda nacional mientras que el Banco Central sigue imprimiendo moneda y las reservas internacionales siguen cayendo, contribuyen a agravar la crisis económica y la situación alimentaria que generan tensiones en el seno del propio gobierno en torno a las políticas a implementar para superar las mismas y para evitar un colapso de la economía.

El impacto de la crisis económica en la vida cotidiana del venezolano se refleja en una creciente escasez y en el aumento del desabastecimiento de productos básicos, que afecta principalmente a la población de menores ingresos. El índice de escasez alcanzó el 28% en 2013, superando el record de 24,7% alcanzado en enero de 2008. Por otra parte, luego de varios años de resultados positivos en la lucha contra la pobreza, un informe de la CEPAL de 2012 señalaba que el índice de pobreza de Venezuela se incrementó de 27,8% en 2010  al 29,5% en 2011.

En este marco, y en anticipación de las elecciones municipales, Maduro exigió y logró en la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante que le permite gobernar por decreto por una año, y declaró, en noviembre de 2013,  la “guerra económica” contra la “burguesía parasitaria”, reduciendo los precios de artefactos electrodomésticos en tiendas y en cadenas, e imponiendo recientemente por decreto un 30% máximo de ganancias para las empresas, con la eventual imposición de severas multas y de encarcelamiento para los infractores. Como resultado, a la escasez y al desabastecimiento de productos alimentarios se ha sumado, a partir del comienzo de este año, la falta de otros bienes de consumo. Como ilustración de esta situación, el desabastecimiento de medicinas se calcula en 55% en Caracas y en 65% en el interior. Por otra parte, la falta de divisas ha limitado el acceso a papel para muchos medios de prensa impresos no alineados con el gobierno; ha afectado el funcionamiento de las aerolíneas extranjeras que reclaman una deuda del Estado superior a los 3.000 millones de dólares y ha obligado al cierre de empresas como Toyota que se ha visto forzada a suspender temporalmente su producción.

Junto con la escasez, el desabastecimiento y la inflación galopante, la inseguridad – presente en Venezuela desde antes de la llegada de Chávez al poder, no han cesado de crecer en los últimos años. Para el año 2012 las estadísticas oficiales señalaban 16.000 homicidios por año causadas por la delincuencia común, mientras que fuentes no oficiales señalaban para el mismo año más de 21.000 homicidios, estimándose que en 2013 estos superaron los 25.000.

A la inseguridad cotidiana, la escasez de productos y la inflación desatada se ha sumado un nuevo elemento preocupante en la percepción cotidiana del venezolano – el incremento de la  corrupción entre los funcionarios gubernamentales y los altos rangos militares. Según el más reciente Corruption Risk Index, Venezuela está ubicada entre los diez países más corruptos del mundo.

Como consecuencia, de acuerdo a una encuesta de Datanálisis de principios de noviembre de 2013, el 72,6% de los venezolanos tenía una percepción negativa de la situación del país y un 54,9% de los encuestados calificaban las decisiones de Maduro como negativas.

Las estadísticas ponen en relieve sólo la punta del iceberg de la crisis económica y de la situación cotidiana  en que se encuentra sumido el ciudadano venezolano y explican las reacciones que han llevado a la crisis política desatada en la segunda semana de febrero en el país, a raíz de las movilizaciones estudiantiles y de la oposición, con sus secuelas de represión, muertes y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la crisis ha puesto en evidencia que la fractura de la sociedad venezolana en dos bloques polarizados políticamente es mucho más compleja y multidimensional. Mientras que en el gobierno y entre los militares se evidencia una creciente tensión entre el sector que responde a Maduro, y el sector encabezado por el exteniente (y ahora capitán por decreto presidencial)  Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, con el apoyo de sectores empresariales del chavismo y de militares de orientación más nacionalista – a lo que se suman múltiples fracturas en las fuerzas armadas y en el apoyo de los “colectivos armados” que respaldan una profundización del proceso revolucionario, en la oposición se decantan asimismo posturas y estrategias diferenciadas representadas por sectores distintos. Mientras que el candidato presidencial de la MUD Henrique Capriles Radonski y el principal articulador de la coalición opositora Ramón Guillermo Aveledo intentan, con el apoyo de diversos partidos tradicionales, sostener una estrategia conducente a la ampliación y consolidación progresiva de la oposición a través de la incorporación de sectores desencantados con el chavismo y de los estratos más relegados de la población, buscando ampliar el apoyo electoral de las fuerzas opositoras, un grupo de dirigentes de la MUD – la diputada María Corina Machado; el dirigente del partido Voluntad Popular Leopoldo López, y el alcalde de Caracas Antonio Ledesma, han promovido una estrategia de movilización en la calle – la Salida, que ha nutrido el proceso de protestas recientes en el país. Asimismo, subsisten, fuera de la MUD, sectores de la oposición que siguen apostando a la posibilidad de un golpe de estado, similar al de abril del 2002, que derroque al gobierno.

En este marco, la crisis política desatada en el país, ha provocado crecientes tensiones internas tanto en el bloque oficialista como en la oposición. Los reclamos originales del movimiento estudiantil en contra de la inseguridad, particularmente en las universidades convertidas en coto de caza del hampa, y posteriormente por la liberación de estudiantes detenidos, retomados en las protestas y movilizaciones recientes junto a los reclamos por el desabastecimiento y la crisis económica, han sido ignorados por Maduro al caracterizar las protestas como un intento de desestabilización que promueve un “golpe de estado fascista” en contra de la revolución, aunque todo indica que no hay militares involucrados, en condiciones de enfrentarse con los grupos civiles armados y con el aparato militar y represivo del gobierno. Sin embargo, la evolución de este proceso sigue desarrollándose en el momento de escribir estas líneas, con un pronóstico poco claro pero altamente preocupante sobre el desenlace final y sus costos humanos

Por otra parte, la crisis de febrero ha dado lugar a una serie de repercusiones regionales que apuntan a nuevas redefiniciones del mapa político regional.

El fin de la beca petrolera.

Como lo señaló oportunamente un tweet reciente – “la beca se terminó”, y la crisis económica y política de Venezuela sólo pone en evidencia las incertidumbres con que se enfrentan aquéllos países de la región que se han beneficiado con la asistencia petrolera y con los generosos negocios provistos por el país. De hecho, queda en entredicho la sostenibilidad de la “diplomacia petrolera” desplegada por Venezuela en años anteriores. Pese a la persistencia del ALBA como un bloque ideológico, en octubre de 2013 Guatemala se retiró de Petrocaribe, mientras que Brasil, Panamá y Colombia han comenzado a reclamar por las deudas impagas del estado venezolano. Por otra parte, el intento de Venezuela de mediar en el conflicto entre República Dominicana y Haití (ambos beneficiarios de Petrocaribe) a raíz de una serie de medidas impulsadas por distintas instancias dominicanas en relación a los inmigrantes haitianos, fracasó cuando Haití decidió recurrir a la CARICOM para condenar al gobierno de la República Dominicana en diciembre de 2013. Pese a ser sólo atisbos, estos y otros hechos aparecen como señales negativas para el protagonismo que Chávez confirió a  Venezuela en la región.

La represión desatada contra los manifestantes por parte de las fuerzas policiales y por grupos armados que apoyan al gobierno, con una cuenta ascendente de muertes y de heridos y numerosos detenidos, y las reiteradas violaciones a los derechos humanos junto con el control de la información sobre lo acontecido en el transcurso de los últimos días, han provocado, sin embargo, diversas reacciones de la comunidad internacional. Mientras que las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA (y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteradamente cuestionada por el gobierno bolivariano) junto a una serie de ONGs  condenaban la violencia, denunciaban las violaciones a los derechos humanos y hacían un llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición, los organismos regionales como Mercosur, UNASUR y la CELAC, apelaban a la defensa del gobierno de Maduro en su intento de contrarrestar una aparente maniobra desestabilizadora y la gestación de un golpe de derecha. La mayoría de los gobiernos que integran estos organismos siguen siendo beneficiarios de la asistencia petrolera venezolana o de las exportaciones hacia ese país, evidenciando una vez más que las instancias intergubernamentales surgidas en el marco del nuevo regionalismo se preocupan más por los intereses y la permanencia de sus respectivos gobiernos que por los derechos de sus ciudadanos, al margen de las apelaciones retóricas a la democracia, a la participación ciudadana y a la necesidad de impulsar el diálogo. En este sentido, el efecto contagio puede llegar a ser percibido como una de las principales amenazas de la crisis venezolana.

Más allá de la gradual dilución del protagonismo de la Venezuela bolivariana y de su diplomacia petrolera en el ámbito regional, la crisis venezolana puede tener efectos devastadores sobre el nuevo entramado regional, proyectando la polarización política venezolana al ámbito regional, con impactos significativos no sólo sobre los destinos inciertos de una CELAC que en su última cumbre no ha podido avanzar significativamente en la construcción de la integración regional, sino también dando lugar a repercusiones en la política interna de Brasil y de otros países o en el diálogo por la paz entablado entre el gobierno de Colombia y las FARC, del cual Venezuela es uno de los observadores oficiales, sin mencionar las incertidumbres económicas que pueden afectar a los socios del ALBA.

*Andrés Serbin es analista internacional, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y autor de Chávez, Venezuela y la reconfiguración de América Latina y el Caribe. Este artículo está basado en un informe recientemente preparado para CRIES y para el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC).