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Natalia Saltalamacchia Ziccardi
Profesora titular en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM y miembro de CRIES.

Hace tiempo que el gobierno de Venezuela experimenta un proceso de desgaste político que, sumado a la mala gestión económica, ha hecho crecer el malestar entre la población y las exigencias de cambio entre la oposición. Con una base de apoyo cada vez más maltrecha, el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido con mayor intensidad al hostigamiento político y judicial de sus oponentes de izquierda (como Teodoro Petkoff) y de derecha (como María Corina Machado). La reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, parece ser una nueva arbitrariedad. Es ciertamente difícil creer en la enésima acusación de intento de golpe de Estado; y no porque no haya en Venezuela grupos conspiradores capaces de recurrir a la vía violenta –sí los hay y de hecho mostraron sus cartas en 2002 con aquella intentona golpista encabezada por el empresario Pedro Carmona– sino porque la revolución bolivariana ha perdido toda credibilidad al avanzar con pies de plomo sobre cualquier disidencia. Lento pero seguro Maduro camina hacia el abandono de una ambigua democracia “iliberal” para entrar de lleno al autoritarismo.

En principio, esto debería generar consecuencias internacionales porque Venezuela se encuentra en una región que ha apostado desde mediados de los años ochenta a construir instituciones colectivas que contribuyan a evitar regresiones autoritarias. ¿Cómo? Insertando, por ejemplo, las llamadas “cláusulas democráticas” en los mecanismos de asociación regional, es decir, condicionando la membresía de los Estados a la existencia de instituciones democráticas y la persistencia del estado de derecho. Hoy en día, casi todas las entidades regionales –como la OEA, UNASUR, CELAC, MERCOSUR y la Alianza del Pacífico- las contemplan. Desafortunadamente, la práctica ha demostrado que no resulta difícil evadirlas: un gobierno poco amigo del pluralismo puede mantenerse fuera del radar siempre que la erosión democrática sea gradual, se produzca mediante procedimientos pseudo-legales y se mantenga en pie algunas formalidades como los comicios. En efecto, la historia demuestra que las cláusulas democráticas sólo se activan ante rupturas evidentes y violentas del orden constitucional como sucedió con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras (2009). En estas situaciones los demás países quedan facultados y legitimados para pronunciarse contra la deriva autoritaria de un miembro del vecindario e incluso tomar acciones; pero antes de ese momento límite la cuestión es más difícil.

Precisamente, los gobiernos bolivarianos de Venezuela han sabido volar bajo, es decir, han sabido mantenerse en ese territorio gris en el que la lenta erosión de la institucionalidad democrático-liberal se acompaña de la capacidad de movilizar el apoyo de vastas mayorías. En una situación así la llamada “defensa colectiva de la democracia” se torna muy complicada: ¿cómo actuar en contra de un gobierno civil que mantiene las formas y además puede presumir de contar con apoyo popular? Si no hay botas militares cerrando congresos o secuestrando gente, ¿qué es lo que justifica la intervención política de otros en los afanes de un país? Este es el primer elemento que explica la inmovilidad de la comunidad internacional: en la ausencia de un claro y contundente quiebre autoritario se produce espacio para la interpretación y ese espacio se llena pronto de cálculos de tipo económico y geopolítico. Lo cual conduce al segundo elemento explicativo: está claro que nadie como Chávez supo cómo influir de manera duradera en esos cálculos.

En efecto, Hugo Chávez hizo de la política exterior una parte integral de su estrategia para dar viabilidad y durabilidad a su proyecto político interno. Tejió una importante red de aliados regionales –no sólo a nivel gubernamental sino también entre movimientos y organizaciones sociales de izquierda– utilizando los ingentes recursos provenientes de la factura petrolera pero también otros menos banales como la producción de un discurso y un posicionamiento ideológico que resultaron atractivos para diversos sectores. Compró y convenció. Formó Petrocaribe y ALBA. Les compró a los argentinos sus bonos de deuda y en Uruguay rescató cooperativas y reparó clínicas. Su apuesta fue generar un entorno regional propicio para mantener en el poder a la revolución bolivariana y aislarla de potenciales presiones externas. El actual silencio latinoamericano demuestra que fue visionario y que, al menos hasta ahora, la estrategia ha dado resultado.

Y entonces ¿qué hacemos con Venezuela? En un análisis frío, está claro que ningún país tiene algo que lograr actuando de manera individual. México en particular no tiene herramientas económicas, políticas o de cooperación que lo vinculen estrechamente con Venezuela y lo conviertan en un actor internacional crucial. Una declaración unilateral de descalificación del gobierno de Maduro sólo serviría para invalidar a México como interlocutor sin cambiar un ápice la situación dentro de Venezuela. Se producirían –como ha sucedido en el pasado con Cuba– fricciones diplomáticas sin réditos de ningún tipo: esto podría ser aprovechado por otros países, como Brasil, en su pretensión de excluir a México del juego regional y ni siquiera es posible pensar que el gobierno de Peña ganaría internamente capital político porque la situación venezolana simplemente no está en la cabeza de los mexicanos.

Esto supone que el Estado mexicano sólo puede y debe actuar por la vía multilateral. Por las razones anotadas, sin embargo, el panorama no es alentador. La OEA ya se ha mostrado inútil. El año pasado Venezuela logró el número de votos suficientes para bloquear una reunión de Cancilleres destinada a abordar la crisis suscitada por una serie de manifestaciones que terminaron con el encarcelamiento del opositor Leopoldo López. Se forzaron varias rondas de votaciones en el Consejo Permanente que sirvieron únicamente para debilitar al organismo hemisférico al poner en evidencia que no es capaz de actuar. A ello se suma que la organización se encuentra en un período transición: la elección para el nuevo Secretario General será el 18 de marzo por lo que Insulza ya no tiene vuelo y el nuevo líder entrará en funciones hasta mediados de año. A menos que algo haya cambiado en la correlación de votos del año pasado, la OEA es por ahora un camino cerrado.

México es también parte de la CELAC, foro político que tiene una cláusula democrática –promovida, por cierto, con vigor por el gobierno de Felipe Calderón a pesar de la oposición de Venezuela durante la negociación de sus documentos fundacionales. En este momento, sin embargo, la Presidencia Pro Témpore está en manos de Ecuador, país que no tiene ningún incentivo para activarla o para comenzar al menos una conversación regional sobre la situación. Finalmente, ésta no es una situación que se preste para ser tratada en la ONU (por cierto, Venezuela es ahora mismo miembro no permanente del Consejo de Seguridad y miembro del Consejo de Derechos Humanos).

La conclusión es pues descorazonadora: por ahora al gobierno de México (que no a su sociedad) no le queda más que esperar y transmitir preocupación por canales discretos. Sólo si y hasta que la erosión democrática se convierta en ruptura franca y/o la red de aliados se desmorone por la carestía de recursos que impone la crisis económica, se abrirá el espacio político suficiente para que la comunidad latinoamericana se decida a tomar cartas en el asunto. México deberá estar atento y listo a sumarse entonces a un consenso pro democrático en Venezuela; porque no se trata de renunciar a defender el valor de la democracia y los derechos humanos, sino de tener sentido de oportunidad política para decidir dónde y cuándo hacerlo con alguna expectativa de éxito.