Venezuela es y sigue siendo el país de mayores reservas petroleras del mundo, que duplican las reservas probadas de EE.UU., China y Rusia. Este no es un dato menor para la comprensión de la actual crisis venezolana, y para entender el desencadenamiento de las dos sentencias del 27 y 28 de marzo del Tribunal Supremo de Justicia que dieron lugar al ampliamente repudiado “autogolpe”, según la caracterización del secretario general de la OEA.

En especial, la sentencia Nº156, al anular las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, cancelaba su capacidad de intervenir en la aprobación o rechazo de la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, reinterpretando la Ley de Hidrocarburos y la Constitución Nacional, en una coyuntura en la cual el ejecutivo negociaba con la Federación Rusa la formación de empresas mixtas entre Pdvsa y Rosneft para la explotación petrolera en Venezuela.

Esta iniciativa del presidente Maduro daría continuidad a una política de constitución de empresas mixtas y firmas de acuerdos de cooperación en diversas áreas, iniciada por el presidente Hugo Chávez, con dos de los principales financistas y acreedores de la República Bolivariana de Venezuela –la Federación Rusa y la República Popular China–.

La iniciativa se ajusta a la visión geoestratégica impulsada por el gobierno bolivariano de apostar, en el tablero internacional, a la multipolaridad y a las alianzas y acuerdos con tres actores emergentes fundamentales –las mismas Rusia y China, e Irán, particularmente en el ámbito petrolero.

Los avances de esta estrategia no sólo responden a esta visión del rol de Venezuela en el mundo en el marco de su confrontación con Estados Unidos, sino también a la búsqueda de una salida a su compleja situación financiera (y social y política) que la pone en riesgo de default, al diversificar sus referentes de financiamiento y relacionamiento externo.

El costo político doméstico y regional de esta iniciativa se minimiza, para el gobierno de Maduro, frente a la posibilidad de darle sostenibilidad económica a un régimen cleptocrático de probada ineficacia en la gestión pública, pero con una habilidad política para mantenerse en el poder, como lo prueban sus idas y venidas en el sostenimiento del fallo del TSJ que ayer enmendó las sentencias 155 y 156, desviando la atención del debate en torno a las empresas mixtas y poniendo el foco en la supresión de la división de poderes y la imposición de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Es incuestionable la conculcación de derechos humanos y la franca resistencia del gobierno bolivariano a convocar a elecciones libres y democráticas, tanto en términos del suspendido referéndum revocatorio como de las pospuestas elecciones regionales y municipales.

Más allá de que estos hechos dan lugar a la percepción de un claro cuadro de deslegitimación democrática a los efectos de preservarse en el poder, las reacciones regionales e internacionales, pese a sus mejores intenciones, han hecho poca mella en un régimen cuyas prioridades externas son de carácter financiero y geoestratégico independientemente de si es visualizado como democrático o dictatorial.

De hecho, los procesos de diálogo con la oposición –mayoritaria en la Asamblea Nacional– sobre los que han insistido diversos actores regionales e internacionales sólo han contribuido a que el régimen ganara tiempo para seguir avanzando su agenda. De ahí la reticencia de muchos sectores de la oposición democrática a reanudar el diálogo sin que exista un claro compromiso con una agenda electoral.

Finalmente, es fundamental señalar el papel protagónico de las fuerzas armadas, tanto en el sostenimiento del régimen como en los negocios de diversa índole que éste fomenta y con los que se benefician. Su silencio a la hora de esta crisis en curso es evidencia de la connivencia de la mayoría de sus cuadros jerárquicos con el régimen.