Los gobiernos de la región han asumido un discurso crecientemente comprometido frente a la persecución política en Venezuela. El CELS y el Vaticano han reconocido finalmente la persistente violación de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro, y el Mercosur ha prometido suspender definitivamente a Venezuela por no cumplir con la cláusula democrática, mientras que la OEA aún debate la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Estas reacciones no son casuales: actualmente en Venezuela se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de la población civil. La represión generalizada y excesiva de las protestas sociales, la persecución de la disidencia política, la tortura de manifestantes y detenidos, la existencia de centros de detención clandestinos, los abusos de la policía política, el uso de tribunales militares para juzgar civiles y las acciones violentas conducidas por militares y organizaciones paramilitares son parte de un plan sistemático del gobierno venezolano para amedrentar a la oposición por medio de la imposición del terror como herramienta de represión de la disidencia, al punto de que algunos analistas ya comienzan a hablar de terrorismo de Estado en el caso venezolano, como durante los regímenes militares latinoamericanos de los 70.

Los países de la región no pueden ser testigos pasivos del accionar violento del Estado ya que tienen una responsabilidad con el pueblo venezolano: detener la perpetración sistemática de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno. Esto es parte de un compromiso con el principio de la “responsabilidad de proteger”, que postula que los Estados y la comunidad internacional son responsables de asegurar el respeto por los derechos humanos, y que cuando un Estado no cumple, la comunidad internacional debe tomar medidas para que el Estado acate dicha responsabilidad. Las acciones internacionales no se pueden limitar a discursos vehementes, sino que la región requiere un accionar internacional coordinado y concertado que abarque una serie de medidas específicas para proteger a la población venezolana, incluyendo el apoyo a iniciativas de recolección de información sobre violaciones de derechos humanos, la creación de espacios diplomáticos para la mediación (grupo de amigos y honest brokers), la asistencia humanitaria y la protección a desplazados y refugiados, la protección civil desarmada (observadores), y el uso de incentivos económicos, políticos y diplomáticos para disuadir a la elite político-militar en el poder de continuar con la perpetración de estos crímenes.

Si bien el lenguaje y el principio de la “responsabilidad de proteger” han sido frecuentemente resistidos en la región en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano requiere una revisión de sus alcances de su aplicabilidad a situaciones como las que vive Venezuela en la actualidad. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional son sólo el primer paso de una sucesión de acciones de la comunidad internacional y, en particular, regional que, sin recurrir al uso de la fuerza y a la intervención, debe asumir su responsabilidad ante los crímenes y abusos contra la población civil que perpetra el actual gobierno venezolano.