Por Nicolás Comini

Publicado en Panamá Revista: http://panamarevista.com/un-dilema-progresista/

El avance de la derecha en América Latina y el repliegue de la izquierda es una de estas cuestiones que rozan lo redundante. También podría serlo el sostener que las fuerzas progresistas atraviesan serios problemas de organización, liderazgo y representatividad.

Y en el medio de todo este meollo de afirmaciones evidentes surge otra problemática que le complica las cosas al arco progresista: Venezuela. El país gobernado por el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el nuevo paria que capitaliza el contexto y que, al mismo tiempo, parece ser utilizado por y para todos en la búsqueda de sus propios intereses.

¿A qué se hace referencia con esto? En primer lugar, a que el gobierno venezolano suele responsabilizar a la derecha y a todo lo relacionado con ella –corporaciones mediáticas, grupos empresarios, gobiernos foráneos y a la oposición en general- del desastre por el que atraviesa el país caribeño. En cambio, para la (diversa) oposición, la culpa es de un gobierno populista apoyado por Cuba, Rusia y los sectores beneficiados por la distribución de una renta petrolera administrada por el Estado y otros negocios paraestatales. La llamada “boliburguesía”.

Mientras tanto, en la región los gobiernos de derecha han encontrado en la coyuntura caribeña un insumo a la medida de sus zapatos para legitimar sus programas de reformas. Principalmente, repitiendo, una y otra vez, su pronóstico de que “Venezuela” es el destino irremediable de cualquier Estado gobernado por el populismo.

De aquí surge otro dilema del cual el progresismo latinoamericano parece no poder (o querer) salir. Por un lado, cuestionar el accionar de la administración Maduro podría evidenciar una debilidad y un consecuente empoderamiento de la derecha. Pero, al mismo tiempo, optar por el silencio expone la incomodidad de defender a un gobierno que se sostiene sobre principios, políticas e instituciones que deslegitiman aquello que el progresismo reivindica en sus propios países y que incluso ha puesto contra la pared a sectores sobre los cuales supo apoyarse el chavismo en tiempos pasados.

Un dilema progresista

Este dilema amenaza con llevarse puesto, por tiempo indefinido, a gran parte del progresismo en la región, siendo cuatro los ejes que la ponen entre las cuerdas: el rol de las fuerzas armadas; el respeto a los derechos civiles, políticos y humanos; los derechos de diversidad sexual y reproductiva; y el endeudamiento externo. Por supuesto que Venezuela no es necesariamente el monstruo que algunos quieren construir, pero es escurridizo frente al imaginario “progresista”, incluso con su notable vocación distributiva.

Empezar por el rol de las Fuerzas Armadas es básico, aunque esencial. Uno podría comenzar por su accionar en materia de distribución de alimentos, hacer hincapié en que cerca de un tercio del gabinete el son militares o exmilitares, o en su intervención en manifestaciones sociales. El tema es que allí comenzaría un debate interminable respecto de si esto resulta o no necesario, dependiendo del contexto. Pero hay un punto que le resultaría bastante embarazoso defender a cualquier progresista interesado en cuestiones de defensa y seguridad. Este es, el rol de la Guardia Nacional (militar) en la “guerra contra las drogas”. En este sentido, en Venezuela no sólo se percibe una clara erosión del control político de las Fuerzas Armadas –complementada de un accionar político cada vez más activo por parte del estamento militar- sino que también se evidencia un creciente involucramiento de aquellas en la lucha contra las drogas desde un abordaje punitivista. En este sentido, nada diferenciaría a cómo Estados Unidos (hacia fuera de las fronteras), Colombia o Venezuela se posicionan frente a esta problemática.

Esto las sitúa frente a un escenario sensible en el cual se multiplican las denuncias de violaciones a los derechos civiles, políticos y humanos. Nuevamente, no tiene sentido discutir respecto de si son 10 o si son 450 los presos políticos. La existencia de un solo preso político debería hacer ruido en la cabeza de cualquier progresista en la región. Resulta muy difícil de justificar, sea el punto de vista en la que se lo vea, el juzgamiento de civiles arrestados por medio de tribunales militares o la atribución de facultades legislativas por parte de la Asamblea Nacional Constituyente “para legislar en materia de paz, soberanía, economía y preeminencia de los derechos venezolanos”.

Un tercer eje complicado para defender es la política de Maduro en materia derechos de diversidad sexual y reproductiva. Podríamos dejar de lado el discurso homofóbico del presidente –algo que se ha evidenciado en sucesivas oportunidades, desde su campaña de 2013- y atribuir sus declaraciones -del tipo de llamar “marinconsones” a sus opositores- a chicanas populares. Pero, aun dejando eso de lado, se torna bastante espinoso explicar el rechazo sistemático al matrimonio igualitario y, ni hablar, a la adopción de niñas, niños y adolescentes por parte de personas del mismo género.

Adicionalmente, a un progresista se le hace difícil justificar un régimen que ha profundizado de forma aguda su endeudamiento externo, algo que impacta directo en el funcionamiento de los sistemas de salud y educación, entre otros. Diferentes fuentes estiman que en 2016 sobrepasó los 100.000 millones de dólares, cuatro veces más de la deuda que había en 2004.

Boleto libre

El actual gobierno venezolano le ofrece al progresismo un viaje gratis en un colectivo repleto de contradicciones, inconsistencias e interrogantes para responder. La primera de ellas es obvia: ¿se puede defender afuera lo que se combate adentro de casa? Y no se trata de discutir si los medios son confiables o no. Por supuesto que los medios masivos no son confiables, en ninguna parte del mundo y mucho menos en lugares en crisis agudas. La cuestión es, más bien, si la misma persona que, por ejemplo, milita profundamente por la ampliación de derechos sexuales y reproductivos puede apoyar a una gestión que los restringe y rechaza el debate. O si un luchador de la búsqueda de enfoques alternativos para abordar la cuestión de las drogas ilegales puede apoyar a un gobierno que involucra cada vez más a las Fuerzas Armadas en un enfoque militarista de la cuestión.

En definitiva ¿A quién o qué se está realmente apoyando cuando se defiende al régimen de Maduro? ¿Alcanza con plantear que es esto o la vuelta de la derecha? ¿Qué pasa cuando la izquierda asume las prácticas más concretas de la derecha, amparado en la teleología de que luego vendrán tiempos mejores? Esos son algunos de los interrogantes que quedan en el tintero (no sólo para los progresistas latinoamericanos sino también para los venezolanos) y que vaya a saber uno cómo se habrán de resolver en tiempos en los que las derechas aprovechan esos baches discursivos en su favor.