Cómo será la Cuba «postcomunista» de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel

Cuba está en movimiento. Se puede discutir la dirección y la profundidad del proceso, pero no hay dudas de que, tras décadas de una quietud exasperante, algunas cosas están empezando a cambiar.

El giro se decidió en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que se celebró entre el 16 y el 19 de abril de 2011. Raúl Castro, que había reemplazado a su hermano Fidel en 2006 al frente del Consejo de Estado y de Ministros, fue designado primer secretario del PCC, lo que significaba reconocerlo como el nuevo líder supremo.

En esa misma cita se puso en marcha la «actualización del modelo económico y social». La avejentada elite dirigente era consciente de que el ciclo del comunismo ortodoxo ya estaba agotado, y de que la isla se dirigía hacia el colapso si no ensayaba algo distinto.

No se hizo nada revolucionario. Solamente se relajaron algunas normas del rígido sistema. Se le dio mayor margen al cuentapropismo y se flexibilizaron las regulaciones migratorias, para dar mayores facilidades a los cubanos que quisieran viajar al exterior.

El régimen político siguió siendo igualmente cerrado y autoritario, pero este año se acopló al proceso de reforma con lo máximo que los jerarcas están dispuestos a aceptar: un recambio generacional. El gran paso se dio el 19 de abril pasado, cuando Miguel Díaz-Canel se convirtió en el primer mandatario cubano nacido después de la Revolución y sin sangre Castro. De todos modos, Raúl seguirá al frente del partido hasta 2021.

Para terminar de darle forma a esta nueva etapa, la Asamblea Nacional aprobó el domingo pasado —como siempre, por unanimidad— el borrador de una nueva Constitución, que reemplazará a la de 1976, inspirada en el modelo soviético. El texto será «discutido» en comités locales entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, y luego sometido a un referéndum para su sanción definitiva.

«Es una adecuación del marco legal supremo a un conjunto de cambios que ya se habían producido. Cuestiones como el reconocimiento de la propiedad privada o la figura de la Contraloría General de la República, que tienen que ver con una economía más diversificada, son previas. La Constitución las recoge y da cuenta del proceso económico e institucional», dijo a Infobae el sociólogo cubano Haroldo Dilla Alfonso, director de la oficina en Santiago de Chile del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat.

Una modificación generó mucho más ruido que cualquier otra. El texto vigente sostiene en el Artículo 5 que el PCC «organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista». En un vuelco semántico de dimensiones históricas, la nueva Carta Magna eliminó toda referencia a la «sociedad comunista». Aunque sigue incólume el poder del PCC, el cambio genera una serie de interrogantes sobre el futuro del sistema económico cubano.

¿Hacia una Cuba postcomunista?

«A mí me chocó que eliminaran la palabra comunismo de la Constitución, porque hasta el momento la retórica había sido muy dura —continuó Dilla—. Los lineamientos todavía mantienen la idea del marxismo leninismo. Que se haya cambiado me pareció interesante, como una especie de flexibilización discursiva. También que se reconozca al mercado, aunque no cabe duda de que eso era un hecho. Estas cuestiones, por más que sean formales, abren espacios. Sobre todo, porque ahora hay que avanzar con 31 acciones legislativas para adaptarse al nuevo marco».

Bastante más pesimista es la lectura de Javier Corrales, profesor de ciencia política especializado en América Latina del Amherst College, de Massachusetts. Desde su punto de vista, hay una contradicción entre el discurso postcomunista que se desprende de la nueva Carta Magna, y el lugar que conserva el PCC en el ordenamiento político del país.

«Por un lado —dijo Corrales a Infobae—, como se viene reconociendo desde 1991 cuando se empieza a desenfatizar la palabra comunista en Cuba, admite que la sociedad es algo pluralista. Sin embargo, sigue hablando de comunismo muy explícitamente cuando habla del PCC y dice que es y será la institución superior de Cuba. Entonces, ya no hay sociedad comunista, pero a la sociedad la va a tutelar un partido comunista. Complicado de entender y poco lógico».

Estas contradicciones retóricas no deberían sorprender. La necesidad de sostener un discurso que por momentos está totalmente disociado de los hechos es un fenómeno repetido en la historia de los regímenes comunistas. La insistencia en la palabra democracia cuando es innegable que se trata de una dictadura es un buen ejemplo. De todos modos, es difícil pensar que van a hacer todas esas modificaciones en el marco legal si no tienen intención de transformar, aunque sea un poco, la realidad.

«La esencia de los cambios es el reconocimiento del mercado y de la propiedad privada, pero con un Estado que sigue controlando la propiedad de la tierra y que decide hasta qué punto se puede asignar. Además, hay un énfasis en la necesidad de atraer inversiones extranjeras. Y, en tercer lugar, se busca una normativización del cuentapropismo», explicó Andrés Serbin, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), en diálogo con Infobae.

La reforma constitucional es fruto de una decisión previa, que ya se viene implementando desde 2011: el abandono del comunismo ortodoxo. Eso no significa pasar a un sistema de mercado, está claro. Pero sí avanzar en la transición hacia una economía mixta, con fuerte predominio estatal.

«La Constitución permite todo tipo de combinaciones —dijo Corrales—. Sin embargo, sigue imponiendo al menos dos restricciones al sector privado. Primero, dice que las empresas del Estado serán las primordiales. Esto aleja a Cuba del modelo chino, en el que son menos primordiales, o lo son solo en sectores contados. Segundo, sigue penalizando la desigualdad que pueda surgir a través de operaciones de mercado. Todos sabemos que la desigualdad excesiva es mala, pero no puede haber economía de mercado si se obstaculiza el lucro».

Lo que se desprende de las señales oficiales es que el sector que gozará de mayor flexibilidad es el de las inversiones foráneas, muy necesarias para un país con recursos decrecientes. Dejar de lado el objetivo de la «sociedad comunista» es un mensaje hacia potenciales inversores, para quitarles los miedos. Para completar el trabajo tendrían que avanzar también en la postergada unificación monetaria.

Mucho menos evidentes son las facilidades que están dispuestos a otorgarles a los representantes del sector privado local. «Mientras los ojos del mundo se fijan en titulares de prensa que hablan de la prometedora flexibilización de la nueva Constitución, los ojos de los cubanos están fijos en la ola paralela de draconianas medidas contra los emprendedores. Son ellas las que norman su existencia. Toda discrepancia será luego explicada de manera retórica, pero la elite de poder habrá sacado ya partido a la propaganda sobre el cambio», afirmó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, consultado por Infobae.

Se estima que hay en Cuba unas 591.000 personas que viven de emprendimientos privados, la mayoría, cuentapropistas. Representan el 13% de la fuerza de trabajo y esperan tener oportunidades de progreso. Si bien el régimen tiene razones económicas para alentarlos, tiene también motivaciones políticas para evitar que crezcan.

«En la medida en que hay un sector empresarial que adquiere poder económico, empieza a demandar poder político, algo que el partido no está dispuesto a admitir —dijo Serbin—. Entonces, se van a establecer muchas disposiciones para regular al sector privado, y para que este no pueda incidir sobre el Estado».

No obstante, existe una vía alternativa para permitir cierto desarrollo capitalista, pero sin un empresariado autónomo. Es el surgimiento de una burguesía que se desprenda de los jerarcas del régimen y de sus familias, que no tendría conflictos de interés con los objetivos del partido.

«La Constitución crea las condiciones para eso —dijo Dilla—. Los hijos de los grandes dirigentes, que son los que tienen acceso a los medios de producción, desarrollan actividades de acumulación económica, como grandes restaurantes y compañías vinculadas al turismo. El señor que vende mangos en la calle realiza una actividad de supervivencia. Sirve para agilizar la provisión de mercancías y permite que la gente no muera de hambre, pero eso no crea un sistema. Lo que hemos visto en China o en Rusia ha sido el surgimiento de una burguesía desde la propia clase política».

Algunos analistas sostienen que ese es el objetivo de largo plazo del gobierno, y ven el cambio de léxico en la Constitución como un comienzo. «La palabra comunista está asociada en el imaginario popular a un contrato social implícito con la población, en el que esta recibe seguridad laboral y servicios gratuitos, a cambio de resignarse a la sumisión hacia el Estado de partido único autoritario. La imposibilidad de conceder seguridad laboral y gratuidades, así como el interés de la elite de poder por transformarse en propietaria y capitalista, los lleva a romper el contrato y alejarse de sus compromisos para solo exigir la sumisión», sostuvo Blanco.

Continuidad con cambios en el modelo político

La reforma constitucional incluye algunas innovaciones en el plano político. Por un lado, divide al Poder Ejecutivo, que hoy está concentrado en la figura del titular del Consejo de Estado y de Ministros, que actualmente es Díaz-Canel. Cuando entre en vigencia la nueva ley suprema, habrá un primer ministro a cargo de la gestión de gobierno y un presidente de la República, que oficiará como jefe de Estado.

Para garantizar un mínimo de rotación en el elenco gobernante, se establece también como límite máximo dos períodos presidenciales de 5 años cada uno. Además, el límite de edad para acceder al puesto por primera vez pasa a ser 60 años. Pero es una renovación dentro de la elite, sin ningún mecanismo de apertura para la participación ciudadana o para la expresión de políticas alternativas a las del PCC.

«La Constitución no altera en ningún sentido el esquema de derechos civiles, sociales y políticos al que acceden los cubanos. En todos los casos, siguen remitidos a un orden socialista. Eso implica que el régimen político continúa vigente, sin cambios. La novedad es que se prohíbe la discriminación por razones de sexo, nacionalidad o creencia religiosa, y se hacen explícitos los derechos de las parejas homosexuales», dijo Dilla.

La confirmación de que prima la continuidad la dio Díaz-Canel este 21 de julio, cuando presentó a su gabinete de ministros. «La expectativa era ver si iba a dar alguna muestra de innovación —dijo Serbin—, pero de los 34 que había ratificó a 20 y sólo removió a 14. Eso muestra el alineamiento con los cambios iniciados por Raúl Castro en 2011″.

La única transformación relevante en el plano civil es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras una larga historia de persecución de la comunidad gay, el régimen cubano fue moderando su postura. El artículo 68 de la nueva Carta Magna establece que el casamiento es la unión consensuada entre dos personas, sin especificar el sexo. Fue una iniciativa de la diputada Mariela Castro, hija de Raúl y referente del Centro Nacional de Educación Sexual.

«Esto no fue consecuencia de un movimiento social. Se dio porque la hija del secretario del partido se metió en el asunto. Si se hubiera introducido en el ambientalismo, serían los animales los que estarían muy felices. Es un avance, pero es resultado de un manejo intraelite», afirmó Dilla.