El año comenzó con el impacto de un poderoso e inesperado tornado que afectó severamente la infraestructura en tres municipios de la Capital. Esto en medio de los preparativos para la celebración de los 500 años de La Habana. La respuesta de los ciudadanos y las autoridades fue rápida y efectiva, pero obligó a realizar gastos extraordinarios.

Tampoco hubo muchas buenas noticias en el ámbito externo. El entorno económico internacional fue adverso durante 2019, a partir de tendencias negativas observadas en la economía mundial y aspectos específicos de Cuba.

Este escenario se completa con una desaceleración generalizada en todas las regiones, incluyendo a China; el debilitamiento del comercio por guerras comerciales y otras tensiones; mayor volatilidad en los mercados financieros y el efecto negativo de choques como el Brexit, o las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. A lo anterior hay que agregar factores específicos del contexto cubano, como las sanciones económicas de Estados Unidos.

La “actualización” en 2019

El año 2019 estuvo marcado por una política económica con un fuerte sesgo hacia el manejo de los agudos problemas económicos en el corto plazo, mientras que la “actualización” no consigue más que desplazamientos incrementales, carentes de peso para comenzar a transformar el panorama productivo en el sentido y la profundidad que requiere el país. Algunos pueden pensar que este es un mérito deliberado del proceso, la gradualidad como garantía de orden y “control”. El problema con este razonamiento es la incorrecta identificación de la naturaleza de los problemas. Estos son, en el caso cubano, estructurales y sistémicos, difícilmente superables en los marcos del modelo económico vigente. El estancamiento económico generalizado no atribuible a las sanciones de Estados Unidos (qué parte es autóctona y cuál externa, queda para el debate popular), pareciera un costo asumible a cambio de estabilidad; sin embargo, algunos creemos que debilita peligrosamente el país en todos los frentes.

Por ello, las transformaciones, si verdaderamente están dirigidas a superar esos fallos, no pueden ser cosméticas o superficiales, sino profundas. En ese caso, no es una “actualización”, sino una reforma que, entre otros aspectos, modifique radicalmente el sistema de propiedad y la relación del Estado con las empresas, independientemente del tipo de propiedad.

Por áreas, se introdujeron modificaciones en la empresa estatal, el sector cuentapropista y las cooperativas no agropecuarias, pero estos cambios no se movieron en el mismo sentido: algunos son positivos, mientras que otros introducen restricciones adicionales. La ambivalencia es lo que viene distinguiendo el enfoque hacia el sector no estatal. El “perfeccionamiento” de estas actividades ha estado signado por una propuesta inicial altamente restrictiva, que tuvo que ser suavizada debido a su inviabilidad política y social en un momento de clara ralentización económica.

El momento para su implementación no pudo ser peor (fines de 2018), con una economía en crisis y una paralización de facto de los cambios en las áreas claves de la “actualización” que se extiende por casi 4 años (2016 en adelante). Todo ello a pesar de haber refrendado esas transformaciones en el Congreso del Partido Comunista en 2016 (aunque tomó otro año tener las versiones finales de aquellos documentos), e incorporadas en la nueva Constitución.

El efecto neto de avances y retrocesos alimenta la percepción de la ciudadanía respecto a la escasa utilidad práctica de documentos que lleva años redactar y aprobar, y que luego no aportan mucho a la toma de decisiones. A ello se suma un proceso extraordinariamente dilatado para implementar políticas ya acordadas, con un mínimo o nulo proceso de discusión con las partes interesadas. Las consecuencias están a la vista en la ya larga lista de experimentos que no tienen conclusión o pocas lecciones que aprender.

Respecto a la empresa estatal lo que se ha conseguido es una acumulación de medidas de escaso peso, algunas con efectos positivos a corto plazo, como puede ser la mejoría de los ingresos de los trabajadores. Se anunció ante la Asamblea Nacional que en el año recién concluido se habían aprobado hasta 28 nuevas medidas para impulsar a la empresa estatal.

Se pueden advertir dos problemas comunes en el enfoque adoptado: Por una parte, ninguna de las medidas aborda las contradicciones que emanan de los incentivos perversos que se establecen a partir de intereses divergentes en el dueño (el pueblo), la administración de las unidades y el Gobierno. A ello se puede sumar el hecho de que el control que puede ejercer el pueblo o los trabajadores está debilitado, entre otras cosas, debido a la falta de transparencia y escasa información sobre la gestión de las unidades.

Adicionalmente, las funciones de gestión y regulación aparecen dispersas entre la empresa, la OSDE, los ministerios respectivos y el Gobierno Central. Todos son jueces y partes en ese proceso. El segundo problema es que se está pasando a un esquema de máxima atomización de las empresas, en tanto cada una llega a tener una combinación prácticamente única de atribuciones: algunas operan esquemas cerrados y otras no, el esquema cerrado de financiamiento puede ser ampliado para otros fines en ciertos casos (micro inversiones), las que realizan operaciones mercantiles con la Zona del Mariel retienen el 50 por ciento de las divisas, algunas tendrán facultades de importación de ciertos productos y otras no, y un largo etcétera.

Las consecuencias de lo descrito anteriormente son múltiples. Primeramente, no resulta raro que se verifiquen tantos problemas para incrementar la productividad en las unidades. Y se puede entender claramente porqué los reguladores tienen tantas dificultades para “controlar” a miles de empresas y unidades. En la práctica, lo que tenemos es un marco normativo para cada empresa del país. El intento de maximizar los resultados en el estrecho universo de la empresa lleva a una enorme ineficiencia social. El sistema económico debe procurar (entre otras funciones) la mayor eficiencia en el CONJUNTO de la economía, lo que supone un trasvase perpetuo de factores (trabajo, capital, tierra, conocimiento) entre empresas y sectores. Este proceso está doblemente debilitado en el caso cubano por el esquema monetario-cambiario al uso.

La raíz de todos estos fallos se ubica en la incapacidad de aceptar valientemente los graves fallos que aquejaron a las economías de planificación central. Lo verdaderamente frustrante es que ninguno de estos problemas es nuevo, hace más de cinco décadas existe un cuerpo de análisis bastante profundo de ellos, incluyendo sus causas.

Si se confirman cifras anunciadas, Cuba habrá completado un ciclo de 10 años con un promedio de crecimiento económico del 2,1 por ciento anual, distante de lo necesario para transformar el panorama productivo y elevar el nivel de vida del conjunto de la población. Además, los frutos de ese crecimiento se reparten más desigualmente. Donde unos ven fallos estructurales graves, otros insisten en las causas externas. Lo cierto es que a pesar de todo lo hecho y dicho, el objetivo de dinamizar la economía permanece esquivo, quizá conviene prestar atención. Para 2020, se debe alcanzar otra vez un desempeño muy discreto. En las condiciones actuales, se puede esperar que incluso medidas audaces causen más disrupción que aceleración del crecimiento. Pero sería de todas formas un buen momento para empezar.