El crimen organizado, fundamentalmente el derivado del narcotráfico, constituye la amenaza más poderosa que avanza en la cooptación del Estado guatemalteco. A nadie escapa, lo ha infiltrado y subordinado durante las últimas tres décadas, desde que entró inducido por EE.UU. para financiar la política anticomunista de
Reagan en Centroamérica. Sus recursos, medios e influencia han superado con creces a los diferentes gobiernos y gobernantes de turno, con quienes han cogobernado y codirigido los destinos del país desde principios de los ochenta.
Esto es una consecuencia lógica y natural, ya que en el país no existe actividad económica que pueda compararse al narcotráfico en volumen y beneficios, y que transforma a los narcos en “grandes empresarios” que progresivamente se diversifican e invierten en la política. Operan según la lógica de las grandes empresas: hacen negocios, no se pelean, con las autoridades para lograr la protección del aparato estatal.
Las redes del narco han desarrollado vasos comunicantes con actividades lícitas del sector privado e infiltran profundamente el sector público y el sistema político, el Congreso, los gobiernos locales, medios de comunicación, tribunales, fuerzas de seguridad, aduanas, puertos, aeropuertos y muchísimas ONG. Mediante esas redes han adquirido un poder y una influencia sin parangón en los asuntos públicos.
En términos prácticos, el narcotráfico ha corrompido y ha socavado al Estado y sus instituciones, y ha corroído nuestra sociedad.
En los últimos 20 años la oferta de drogas se ha diversificado y a la cocaína, la heroína y la marihuana se han sumado las anfetaminas, el crac, la ketamina o el éxtasis. Es cierto, el volumen de incautaciones en todo el mundo casi se ha duplicado y, a la vez, el consumo y las ganancias se han elevado exponencialmente, más que cualquier rama de negocio lícito en el mundo. Es el experimento perfecto de laboratorio: reprima la oferta y apañe la demanda, verá cómo florece el negocio.
Guatemala, que en el pasado reciente era una estación de almacenaje y trasbordo,  se ha convertido en un inquietante mercado de consumo de drogas. Los narcotraficantes pagaban a sus suplidores locales de servicios y logística en dinero en efectivo, pero desde hace unos años reditúan en especie, estimulando la demanda local de drogas.
En EE.UU. el consumo de heroína y anfetaminas está alcanzando los niveles críticos de demanda de crac de principios de los noventa.
Esto, a pesar de los más de US$40 millardos y el despliegue de tecnología y personal calificado que EE.UU. dedica anualmente para impedir que las drogas crucen las fronteras.
En otras palabras, la estrategia básica de EE.UU. para combatir el narcotráfico, orientada a contener y reducir la oferta de drogas ha fracasado, pues el consumo no ha descendido, la oferta ha crecido y se ha diversificado, y los flujos de dinero “blanqueado” han pasado del 2 por ciento de la economía mundial en 1998, según el FMI, al 10 por ciento del PIB mundial, según estimaciones recientes. El dinero pasó de ser blanqueado en paraísos fiscales remotos y exóticos, a tener lugar en Nueva York y Londres.
En lo que a nosotros respecta, esta flamante estrategia de EE.UU. nos ha traído un enorme “daño colateral”: han transformado a Guatemala en un mercado creciente de consumo de drogas, en un campo de batalla entre narcotraficantes y de paso han colapsado a nuestro Estado y sus instituciones y han arrodillado y envilecido a nuestra sociedad.
Encima, ahora resulta que, además de poner los muertos, entre ellos seguramente nuestros mejores fiscales, jueces, funcionarios, agentes de seguridad, empresarios, periodistas y ciudadanos decentes, quieren que nos endeudemos para cofinanciar una guerra basada en una estrategia carente de eficacia y cuyo único sentido es la falta de sentido.
Me dio grima ver el servilismo, la ausencia de ideas y la proactividad de los mandatarios de la región, cuya única habilidad competitiva, según parece, es quemarle incienso sin pestañar a los emisarios de EE.UU., en este caso, a doña Hillary Clinton.
Mejor harían estos forajidos de la política –con la excepción de Mauricio Funes, de El Salvador; y Laura Chinchilla, de Costa Rica, respecto a quienes carezco de criterio– en impulsar una estrategia hemisférica agresiva que pasa por la liberación y la descriminalización, y pegue al bolsillo de los narcos y sus “lavadoras”, para disminuir drásticamente el consumo y la oferta y la rehabilitación de los adictos, entre otras políticas públicas de alto alcance e impacto. De otra manera, nuestro destino seguirá siendo sobrevivir bajo la premisa de sálvese quien pueda, en este país que más parece un club exclusivo de delincuentes de colección.

Fuente: http://elperiodico.com.gt/es/20110627/pais/197372